Políticas públicas para el libro, la lectura y la literatura

Políticas públicas para el libro, la lectura y la literatura

UNA MISMA PÁGINA PARA LA LITERATURA, EL LIBRO Y LA LECTURA

 

En alguna entrevista de televisión, el escritor Gabriel García Márquez relató que a finales de los años sesenta, cuando vivía en Europa, tuvo que vender uno a uno sus enseres para poder escribir y para enviar a un editor Cien años de soledad. En 1967, el destinatario del manuscrito no era una compañía colombiana sino la Editorial Suramericana de Argentina. En 1958, Colombia había promulgado la primera ley que apoyaba el desarrollo de la industria editorial, pero todavía no había empresas que pudieran reconocer el valor de la novela de Gabo, y como una situación parecida se presentaba entre los lectores, era lógica la duda sobre si Cien años de soledad podía contar en su país con publicación, distribución y un mercado suficiente. En los años sesenta era claro que Colombia carecía de un sistema que de manera integral y consistente en el tiempo, incentivara la creación literaria, su producción en libros, su distribución y su lectura.

En Colombia, el camino de apoyo a creadores, editores, libreros y lectores ha sido largo, pero no siempre integral. El Compendio de políticas culturales[1] del Ministerio de Cultura enumera las iniciativas de fomento a la lectura con una historia que se inicia en 1777 con la fundación de la Biblioteca Nacional, y que continúa en 1870 cuando el gobierno se propone alcanzar el alfabetismo universal. En 1886 se abandona esa meta, se restringe la libertad de enseñanza, la educación pierde su carácter gratuito y obligatorio y vuelve a depender de la Iglesia Católica. Apenas en 1924 se reinician las búsquedas abandonadas. En los años treinta, la educación y la cultura reaparecen en las políticas públicas. En esos años se reestructura la Biblioteca Nacional y se gesta el proyecto Cultura Aldeana que implicaba la construcción de infraestructuras municipales para el ejercicio y disfrute de bienes culturales (las “Casas Sociales”) y la creación de la Biblioteca Aldeana, el primer fondo editorial público destinado a circular por todo el país la literatura nacional. En ese período se impulsan ferias del libro, se crea el Instituto Caro y Cuervo, la Revista de las Indias y la Biblioteca Colombiana de Cultura Popular[2]. Con la intención de integrar los esfuerzos estatales, en 1968 se funda el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura), una institución que entre muchos logros tuvo el de diseñar en 1974 el primer Plan de Cultura.

De manera paralela a este proceso de construcción de una política pública y de un conjunto de instituciones para las culturas colombianas, en 1958 se publica la Ley 74, la primera norma que quiere generar una industria editorial. Los seis artículos que forman la Ley 74 se centran en exenciones aduaneras para la importación de papel y maquinaria, junto con la exoneración del impuesto a la renta para las editoriales. El positivo impacto de esas disposiciones y el fortalecimiento de la Cámara Colombiana del Libro[3] logran continuidad a través de la Ley 34 del 73, la Ley 32 del 83 y, en la actualidad, mediante la Ley 98 de 1993: “Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano”, con objetivos que incluyen estimular la producción de los autores colombianos, fomentar la lectura, convertir a Colombia en un centro editorial competitivo internacionalmente y lograr el desarrollo de librerías y bibliotecas, entre otras metas.

La Ley 98 del 93 es fundamental en el desarrollo de la economía cultural del país, pero no ha cumplido con todos sus objetivos. Las exenciones tributarias que esta norma y sus predecesoras otorgan a los editores han impulsado el surgimiento de una industria editorial económicamente importante, pero otros sectores del mundo del libro no se han visto igualmente beneficiados: aparte de la defensa de los derechos de autor, esta disposición nada incluye para estimular de manera directa al creador colombiano, y los libreros continúan siendo un sector en peligro de extinción: se multiplican las ventas por Internet, las librerías de cadena y las ventas de libros en grandes superficies (supermercados), mientras que languidecen los libreros que corren riesgos comerciales ofreciendo conocimiento y una amplia variedad de obras de todo tipo de autores y editoriales.

Ni la Ley del Libro ni sus defensores se han propuesto evitar la concentración de decisiones editoriales: en el mundo del libro se centraliza la toma de decisiones en cada vez menos empresas. Un ejemplo de concentración editorial: en 2003, en España se publicaron 65.824 novedades, pero el 40% de esos títulos pertenecía al 4% del total de las editoriales afincadas en España[4]. Esta situación va en contravía del principio de bibliodiversidad[5]. La promoción de la bibliodiversidad está apropiada como meta por las políticas del Ministerio de Cultura, y hace parte integral de las estrategias de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La industria editorial, como todo el sector cultural, se ocupa de mucho más que de la producción de riqueza: genera y circula contenidos de valor simbólico, identitario y patrimonial. El desarrollo de esas industrias no pueden estar sometido únicamente a las fuerzas del mercado o al poder de los grandes capitales, es necesaria una decidida defensa de la diversidad cultural de la que estas empresas son portadoras y beneficiarias.

Otra debilidad de la Ley 98 del 93, es el fomento a la lectura que sólo se encuentra representado en el reconocimiento de Fundalectura como organismo asesor del gobierno, y en un conjunto de artículos vinculados con las compras del Estado, unas normas inviables a la luz de los escasos presupuestos existentes. Esta última debilidad se está tratando de subsanar desde otro lugar, a través del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas que se pone en marcha con el Documento Conpes 3.222 de 2003 y se continúa con la Ley 13789 de 2010, Ley de Bibliotecas que busca “Garantizar las posibilidades de acceso de toda la población a la lectura y la información, y a la producción de conocimiento, con independencia de barreras físicas, regionales, sociales o culturales, así como la recuperación, conservación, organización, control, difusión y acceso al patrimonio bibliográfico y documental del país, para su conocimiento y uso por parte de las presentes y futuras generaciones.”

Con la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, se fortalecen las herramientas del Estado para apoyar las manifestaciones culturales del país. A consecuencia de esa norma se crea el Ministerio de Cultura y luego el Sistema Nacional de Cultura, entre otras instituciones. Dentro del Sistema, el sector editorial, el del fomento a la lectura y el de la creación literaria tienen espacios de participación, y dentro del Ministerio existe el Grupo de Literatura de la Dirección de Artes, dependencia que ha desarrollado importantes programas, como la Red Nacional de Talleres de Escrituras Creativas (RENATA) y los Premios Nacionales de Literatura, entre muchos otros.

En la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gerencia de Literatura es la oficina encargada de la literatura, del libro y la lectura. La Gerencia hace parte del Sector de Cultura, cuya cabeza es la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. En su más reciente administración, la Gerencia de Literatura se ha rediseñado para abordar de manera integral el apoyo a la literatura, al libro y la lectura, con el desarrollo de tres estrategias: fomento a la creación, fomento a la bibliodiversidad y fomento a la lectura. Estas estrategias apoyan por igual a todos los agentes de la cadena del libro y agrupan unos veinte programas, que incluyen: Apoyos Concertados, Talleres de Literatura, Bibliodiversidad, Librerías Itinerantes, Paraderos Paralibros Paraparques, Biblioestaciones y Libro al Viento, entre otros.

Los premios de Literatura Ciudad de Bogotá de la Gerencia de Literatura son un programa que estimula a los autores colombianos con 25 millones y la primera publicación de su obra. En términos generales, los estímulos a la creación en Colombia son pocos, de recursos escasos, no suelen hacen parte de políticas públicas y no benefician la totalidad del país:

“En las grandes ligas está el Premio Nacional de Literatura organizado por el Ministerio de Cultura dentro de su Programa Nacional de Estímulos. Según cifras oficiales, 18.370 personas han participado en las convocatorias del programa y 1.412 han sido beneficiadas con cerca de 21.000 millones de pesos. (…) Los datos del Ministerio de Cultura señalan que, en los once años que ha funcionado el Programa de Estímulos, la mayoría de los ganadores son de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Departamentos como Vichada y Guaviare no han tenido ninguno. La escala de los grandes concursos continúa con el Premio de Literatura Ciudad de Bogotá, los Premios Nacionales de Cultura de la Universidad de Antioquia, las Becas a la Creación de la Alcaldía de Medellín y el Concurso de Autores Vallecaucanos.”[6]

La más pertinente crítica que se hace a los premios literarios que las diferentes instituciones del gobierno realizan es la falta de visibilidad de sus ganadores y la poca circulación de sus libros. Para superar esos problemas es necesario fortalecer a quines pueden publicar, distribuir y vender de manera eficiente esas obras: las editoriales y las librerías que están interesadas en autores colombianos. Un esquema como el que utiliza el Ministerio de Cultura, que da reconocimiento a la obra pero mantiene libres los derechos de la primera edición podría combinarse con precompras a la editorial que realice esa primera publicación.

Mucho se ha hecho en Colombia por construir políticas públicas que apoyen al creador, al editor, al librero y al lector, pero aún es necesaria una política integral en la que todos los agentes de ese ecosistema se fortalezcan por igual. Sin lectores, los escritores terminan por publicar en otros países o por cambiar de oficio. Sin una industria editorial fuerte y sensible al desarrollo cultural (no sólo al ejercicio financiero), el fomento de la lectura en un país es sólo mercadeo y uso inmediato del libro: consumo del best seller o del texto educativo y técnico. Como política de estado, el apoyo a la literatura, al libro y a la lectura debe ser parte de una misma estrategia. No puede existir el fomento a la creación literaria sin el fomento a la producción editorial y al desarrollo de librerías en un marco de diversidad y de fortalecimiento de la diferencia, y no puede existir el apoyo a la creación, producción y circulación, sin el fomento de la lectura.

 

Publicado en: EGOB, Revista de asuntos públicos.Ed. Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo,

Universidad de Los Andes. No. 6. Bogotá, 2010

Página en Internet de la Revista EGOB



[1] Ministerio de Cultura de Colombia: Compendio de Políticas Culturales. Bogotá, Ministerio de Cultura, 2010.

[2]    Marta Elena BRAVO: Políticas culturais na Colômbia, en Políticas culturais na Ibero-América.  Salvador, EDUFBA, 2008.

[3] Fundada en 1951.

[4] José GUTIÉRREZ DE LA TORRE: Sociedad lectora y “Bibliodiversidad”, en Revista de Educación, Número extraordinario 2005. Madrid.

[5] Bibliodiversidad: característica de un ecosistema cultural en el cual conviven y están al alcance de todos los lectores todo tipo de libros, de todo tipo de autores y editoriales.

[6] Lina VARGAS: El flaco honor de los premios literarios, en Revista Arcadia, Bogotá, septiembre 2010.

 

Imagen: foto de Julián David Correa

 

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